Costa Rica ratifica su controvertida Reforma Fiscal

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A pesar de las protestas, la oposición de muchos sectores y la huelga de maestros del sector público, el gobierno de Costa Rica sacó adelante una Reforma Fiscal, tras dos décadas de no renovar su sistema tributario.

El gobierno espera que esta Reforma atraiga a inversores internacionales, desacelere el crecimiento de su deuda, que es del 54 %, haga frente a un déficit fiscal del 7 % del PIB y se revierta el agravamiento que día a día sufren sus finanzas públicas. Además, se espera que se vuelvan más sostenibles los programas de protección social que podrían ir a la vanguardia en América Latina, en caso de tener fondos suficientes para poder funcionar. Se considera una medida necesaria, de lo contrario su economía caería por debajo del 3 % cada año, como lo ha venido haciendo.

Este cambio obtuvo el apoyo de la mayoría de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, con 34 votos a favor, 17 en contra y 6 abstenciones. Fue avalado por los magistrados con unanimidad y favoreció una alianza entre diputados opositores y oficialistas, que ven en el proyecto un camino hacia una estabilización financiera. Igualmente, tuvo el apoyo de los sectores empresarios y un importante porcentaje de la sociedad. Ya se había intentado reformar el sistema fiscal en 2006 y 2012, sin éxito.

En el primer trimestre de 2019 se obtendrán los primeros réditos, por lo que no será posible para Hacienda concluir 2018 con liquidez suficiente. Por el momento, se seguirán impulsando y llevando al Congreso otras reformas, como la de empleo público. Y buscará nuevas maneras de captar financiamiento extranjero para renovar su estructura y poder pagar la deuda.

Una gran parte de la población protestó contra esta Reforma, que aumenta el impuesto sobre la renta para los sectores más acomodados, impone el IVA como figura fiscal que exigirá un impuesto al sector servicios, que hasta ahora estaba exento de pasar por caja, se gravarán las rentas del capital, establecerá límites para el gasto público de acuerdo con el crecimiento de la economía y frenará el incremento de bonificaciones a los trabajadores estatales. Entre las consecuencias de las inconformidades está el paro de educadores que impidió la conclusión del curso escolar en 6,500 primarias y secundarias.

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